Chehade y la crisis

. 20111109
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Creo que más para bien que para mal, es necesaria la existencia de un ordenamiento al menos básico de la sociedad para poder caminar hacia una civilizada convivencia. La ley es producto de la evolución y además nos allana el camino para seguir haciéndolo. La sola existencia de la ley no nos garantiza que se vayan a cumplir las finalidades que se han previsto en su creación, pero eso no depende necesariamente de la ley, que en suma es perfectible, sino más bien de nosotros, los legislados. Es por ello que, a gusto de algunos y disgusto de otros, convivimos bajo un conjunto de reglas formales que llamaremos sistema jurídico, sin necesidad de entrar en detalles ni definiciones, que aquí no estamos haciendo doctrina.

Para llegar al fondo del tema que ahora me llama siento que debo recorrer un camino un poco largo, tedioso  y hasta quizás aburrido. Comencemos:

El primer paso es saber lo que nuestra Constitución –un conjunto de reglas más bien declarativas– en su artículo primero (primera piedra del aquí llamado sistema jurídico) dice: La persona humana y es respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Conviene recordar esto a lo largo de todo lo que voy a decir, porque de aquí se desprenden todas las declaraciones constitucionales sobre los derechos y obligaciones de las personas, la sociedad y el Estado -incluídas las funciones de este último. Toda norma deben apuntar a este fin.

El segundo paso es conocer uno de los principios-derechos más importantes que procura el logro del mencionado fin supremo, además del correcto funcionamiento del sistema jurídico. Estoy hablando de la “igualdad ante la ley” –extendiéndonos en la tediosa doctrina jurídica, debe ser entendida como igual por la ley, somos iguales porque la ley lo manda, y ante ley, a todos sin excepción se nos aplican las mismas leyes. Esto da para más, pero dejémoslo aquí por ahora–. El faltar a este principio sólo nos llevará a crear desigualdad entre nosotros, los ciudadanos que, sin dejar de mirar nuestras cualidades especiales –discapacitados, enajenados, menores de edad, etc.–, debemos ser tratados del mismo modo que todos los demás. Es ocioso decir que la desigualdad es la madre de muchos de los conflictos que tenemos, como sociedad que enfrentar y solucionar.

Teniendo en claro esto, ahora ya podemos, como tercer paso, entrar un poco en materia: el universal derecho a la presunción de inocencia. Esto podemos traducirlo a lenguaje menos técnico usando una frase hecha: todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Como dije antes, la Constitución es más bien declarativa de principios y derechos de las personas más que una norma en sí misma. Este caso no es la excepción, sino que, conforme a su espíritu, de este principio se desprenden una serie de normas que regulan, por su especialidad, el debido proceso, teniendo siempre como norte el fin supremo de la sociedad y el Estado.
Una de las primeras consecuencias de esta declaración es que un Juez no puede partir de la idea de que soy culpable para juzgarme, sino todo lo contrario, que soy inocente; por eso es que yo no estoy en la obligación de demostrar que soy inocente, sino que es otro el llamado a demostrar ante el Juez -convencerlo de- que yo soy culpable: el Fiscal que tenga a cargo mi caso. Repito y aclaro: el Fiscal debe convencer al Juez de mi responsabilidad, pero él no me declara culpable. El Fiscal investiga, reúne pruebas en mi contra, denuncia, sólo él presume que soy culpable, él y sólo él puede partir de la suposición de mi culpabilidad. Nadie más. Yo sólo me defiendo contradiciendo lo que el fiscal aporta.
Otra de las consecuencias últimas pero muy importante, este es el cuarto paso, es que a mí nadie me puede atribuir la comisión de un delito o falta sin que exista una sentencia judicial previa. El único llamado a declarar culpable a alguien es un Juez y luego de un proceso en el que se han cumplido todas las reglas concernientes a este y no se me ha violentado ningún derecho.Quien me atribuya la comisión de un delito sin que exista la sentencia estaría cometiendo el delito de “calumnia” –que se diferencia del de difamación, porque en esta no se atribuye la comisión de un delito, sino una conducta o hecho que no me corresponde y que afecta mi reputación*–. Y, dado que no se me puede atribuir de buenas a primeras la responsabilidad de un delito o falta, no se me puede imponer obligaciones que nacerían de esa mi responsabilidad; tampoco se me pueden restringir derechos, por su puesto.

El derecho a la presunción de inocencia, como consecuencia de lo dicho anteriormente, nos ampara a todos, desde el primer ciudadano, hasta el último. Obviar un derecho para algunos y aplicarlo a otros, como dije, es minar el sistema jurídico que está para ayudarnos a convivir, es perjudicarnos a nosotros mismos.

Ahora que ya tenemos en claro esto, podemos entrar de lleno en materia: la crisis que se ha agravado a partir del caso  Chehade. Y cuando hablo de la crisis no me refiero a la del gobierno, que en realidad es menor y de más o menos fácil solución frente a la otra crisis, más preocupante por duradera y porque sus consecuencias no son tan sencillas de ver: la crisis de los derechos que nos amparan como ciudadanos. La indefensión en la que nos coloca esta crisis es realmente de temer, porque nos está llevando a perder todo el terreno ganado con sangre, sudor y lágrimas a lo largo de la historia completa del hombre, desde el pecado original –poniendo este punto mítico como el momento en que el hombre dejó de ser un animal más del paraíso y tomó conciencia de su condición– hasta nuestros días.
El agente responsable de esta crisis ha sido la prensa y su incomprensible convicción de ser dueños ya no sólo de la verdad, sino de los derechos de los demás. La prensa se presume una analogía del pater familia romano que tenía derecho hasta sobre la vida de aquellos que de él dependían y eso la torna altamente peligrosa y por demás nociva. Podrán decir que es preferible una prensa así a una prensa sumisa, es cierto, pero que sea preferible no la hace lo mejor, porque sus consecuencias, como en este caso, nos alcanzarán a todos y la solución a estas tardará muchísimo más en llegar.
Solicitar, la prensa en coro, en estampida la renuncia del señor Chehade a la vicepresidencia de la República atribuyéndole la comisión de un delito sin que haya sido debidamente procesado, es una actitud francamente reprochable, es hacer gala de un poder que no se tiene, es colocarse en un especial especial frente a todos los demás ciudadanos y, peor, súper ponerse a las autoridades nacionales, atribuyéndose facultades que no le corresponden. La prensa no puede, NO DEBE declarar culpable a nadie en base a indicios o pruebas, no puede imponer sanciones, menos puede exigirle al Presidente elegido a que tome una u otra acción como resultado de "sus investigaciones".
Este poder de la prensa es materialmente inexistente, aunque se deje sentir. Lo que es la gente de prensa en realidad es ciudadanos comunes con un oficio que permite a los demás ejercer el derecho a la información. Son un canal, sólo uno de los canales por los cuales nosotros, los ciudadanos que no ejercemos ese oficio elevado dudosamente a profesión, podamos enterarnos de aquello que sería importante. Tales son así las cosas que la prensa no sólo se ocupa de la cuestión política, sino que hay la que se ocupa de los deportes, de los espectáculos, etc. Es cierto, por su especialidad, la prensa puede ejercer cierta fiscalización de las acciones de los políticos –personas con una cualidad especial, muy distinta, eso sí, a las otras personas comunes, como los artistas, por ejemplo–, pero, como dije, de fiscalización, no son juzgadores; pueden poner la evidencia a consideración, abrir la puerta a la investigación oficial, pero ni aún así pueden violar el derecho a la presunción de inocencia de nadie, ni siquiera del tan aparentemente culpable Omar Chehade.

Este dudoso poder de la prensa no es novedoso, por su puesto. Se ha venido gestando a través de los tiempos y por los caminos de la vanidad y el ego. Se ha fortalecido con casos como el de Ciro Castillo y Rosario Ponce, otra de las perlas de caca de este gremio, que convirtieron en una novela de folletín con los ingredientes necesarios para ser pasada al medio día, junto a los refritos argumentos de Televisa: un desaparecido, una familia, que como cualquiera, busca desesperadamente a un integrante desaparecido, mucho tiempo de espera y una loca a quien se puede culpar fácilmente. Esta novelita, que se pretende extender –no podemos admitir a estas alturas que eso capítulos tan emocionantes y emotivos lleguen a un final tan absurdo: al chico no lo mataron, simplemente se resbaló y cayó. No. Tiene que haber un culpable, de donde sea– ha sido otra bomba en el interior de los derechos que tienden a ese fin supremo de la sociedad y el Estado: la dignidad de la persona humana.
Rosario a sido despojada de todo tipo de dignidad a lo largo de los meses y ante un público ansioso de más sangre en la arena: no es buena en nada, ni como enamorada, amiga, madre, ni, en el colmo, como mujer, porque es una ninfómana que rompe catres y eso no hace una chica decente. Por eso es culpable de todo lo malo que pueda atribuírsele. Daba vergüenza ajena ver a Verónica Linares decir, dignísima ella, que nunca había acusado a Rosario de nada, cuando en su canal y con su silencio como aval, se habían emitido informes en que la excesiva suspicacia reinaron con el único fin de acusar a Rosario de un homicidio que hasta la fecha no se ha demostrado haya cometido. Es decir, minando poco a poco la presunción de inocencia que le ampara, a ella como a cualquiera de nosotros, por muy disociada o fría que pueda parecer. Es más, de demostrarse que es realmente "loca" pediría, si fuera su abogado, que se le exima de proceso por ser una alienada y como tal, una inimputable. Pero, eso ya es otro tema.

Esa es la peligrosa crisis que estamos viviendo, más peligrosa que la aparentemente generada por la presencia de Chehade en la vicepresidencia. Una crisis cuyas consecuencias no quiero ni si quiera imaginar.

Para terminar, pregunto ¿Es esta la prensa preferible a la "sumisa"? ¿No es esta prensa acaso ya una sumisa de ciertos intereses ocultos? ¿Qué mueve a estos ciudadanos con oficio conocido a creerse superiores en moral e inteligencia a los demás ciudadanos, amén de seres que están encima de la justicia incluso?
Responda usted con sinceridad y quizás logremos algo en adelante.


* Este es el delito más común cometido por los periodistas. Me parece tonto esto de la buena reputación a estas alturas, pero tampoco estoy de acuerdo en despenalizar los delitos contra el honor como prentendían hace unas semanas este gremio. Llevar el tema por el sendero de los inexistente “delitos de prensa”, que en realidad son delitos comunes y comúnmente cometidos por la prensa, es francamente vergonzoso por sinuoso.